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Una
de las preocupaciones mayores de Oribe al ascender a la presidencia en 1835,
fue comenzar a poner orden en la desquiciada Hacienda Pública que, según el
cónsul francés Raymond Baradére informaba a su cancillería, ostentaba el enorme “déficit
bien comprobado de dos millones doscientos mil pesos”.
Se
designó de inmediato una Comisión de Cuentas, integrada por el senador Antonino
Costa y los diputados Juan Pedro Ramírez y Ramón Artagaveytia. De acuerdo con
los informes de los contadores Miguel Furriol y Francisco Acuña y Figueroa,
surgieron importantes reparos de esencia en forma de partidas de gastos no
justificadas con los comprobantes debidos –ya por incompletos, ya por
notoriamente fraudulentos- referidos por lo general a compras de caballada,
ganados para consumo y otros rubros. Los peritos caligráficos Besnes Irigoyen y
Lira comprobaban a la vez que varias de las firmas estampadas en los documentos
eran falsas.
